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La familia enterrará a Franco en la catedral de la Almudena en caso de producirse la exhumación

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La familia de Francisco Franco le sepultará en la cripta de la Catedral de la Almudena, en la capital española, si por último se procede a la exhumación de su cadáver del Val de los Caídos.

De esta manera consta en el escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso la Agencia Efe, al pacto del Consejo de Ministros del treinta y uno de agosto pasado que los nietos de Franco presentaron el día de ayer frente al Ministerio de Justicia, en el que se oponen a la exhumación del cadáver de su abuelo.

En los once puntos del documento, la familia plantea la «inconstitucionalidad» de la modificación de la famosa como ley de memoria histórica por «la inexistencia de una situación de ‘extraordinaria y urgente necesidad’» y además aduce que el Gobierno vulnera «el derecho esencial a la amedrentad personal del artículo ciento ochenta y uno de la Constitución».

Los nietos de Franco aseveran que el poder de predisposición de los restos del precedente jefe del Estado «corresponde, en exclusiva, a su familia, que ha manifestado de forma firme, expresa y unánime su expresa oposición a la exhumación y traslado de sus restos a sitio diferente del sepulcro que ocupan en la actualidad».

«Se trata de la imposición forzosa por la parte del Estado de una exhumación no permitida por los titulares del derecho esencial, una imposición que vulnera frontalmente semejantes derechos esenciales y que, por este motivo, no debe hallar encaje constitucional», apunta el texto de alegaciones.

Además arguye que se genera «una violación del derecho esencial a la libertad religiosa» y que «infringe el derecho a percibir una sepultura digna por la exhumación por motivos ideológicos extraños a cualquier justificación por motivo de orden público».

En el documento, entregado el día de ayer por Francisco Franco Martínez-Bordiu, asimismo explica la «nulidad radical del pacto de incoación del presente procedimiento ante la carencia de jurisdicción de la Administración del Estado sobre la Basílica de la Santa Cruz del Val de los Caídos que, como sitio de culto, tiene garantizada su inviolabilidad en razón de los Pactos de tres de enero de mil novecientos setenta y nueve firmados entre el Reino de España y la Santa Sede».

Apunta que se viola de esta manera la ley que «reconoce al Val de los Caídos como sitio de culto, al prescindir completamente de la necesidad imprescindible de conseguir la autorización puntual de la autoridad eclesiástica eficiente, en un caso así, el prior administrador de la abadía de la Santa Cruz».

Conforme los Franco, asimismo hay una intromisión de competencias transferidas a la Comunidad de la capital de España en cuanto a la sanidad mortuoria y de las «facultades exclusivas de la familia para autorizar la exhumación».

«El R. D. Ley 10/2018, a pesar de su pretendido carácter general, es una predisposición de carácter singular o bien de caso único, perjudicada por lo tanto de un vicio de inconstitucionalidad, al transgredir el principio de igualdad frente a la ley reconocido en el artículo catorce de la actual Constitución», aducen.

Y agregan que «el procedimiento de exhumación vulnera frontalmente la Predisposición Auxiliar 6ª bis del R. D. Ley 10/2018 cada vez que el Procedimiento habría de ser único para todos y cada uno de los sepultados en el Val de los Caídos que no cumplan con lo preparado en el artículo ciento sesenta y tres de la Ley 52/2007».

Esa normativa argumenta que «en el Val de los Caídos solo van a poder yacer los restos mortales de personas fallecidas como consecuencia de la Guerra Civil de España, como sitio de celebración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda».

Tras calificar de «torpe» la redacción del R. D., aseveran los herederos del dictador que hay muchos enterramientos en ese sitio de personas que no murieron como consecuencia de la guerra civil.

El documento arguye la «existencia del delito de profanación del artículo quinientos veintiseis del Código Penal el que, como es obvio, no puede ser cambiado por un R. D.-Ley, ni por una regla que no tenga carácter de Ley Orgánica».

La familia Franco, que simpatiza con «el desprendido apoyo» que ha recibido de «un sinfín de personas», considera que la exhumación «constituye un genuino atropello a una familia de España, una monumental infracción de preceptos esenciales del ordenamiento jurídico y una gigante chapuza jurídica que poco encubre el semblante totalitario y revanchista del gobierno que la promueve».

«Asimismo, los familiares de Francisco Franco han tomado la decision de recusar a la Instructora del Procedimiento, la Subsecretaria de Justicia Dª. Cristina Latorre Sancho por concurrir en ella un claro motivo de abstención y, por tanto, de recusación en el procedimiento empezado, siendo evidente por su trayectoria política, su falta de parcialidad», conforme consta en el escrito.

Añade que Latorre «fue vicesecretaria general (y a lo largo de ciertos meses secretaria general) de Presidencia del Gobierno a lo largo de los años dos mil ocho al dos mil once, bajo la presidencia de D. José Luis Rodríguez Zapatero, lo que indica su adscripción ideológica al partido del gobierno, y la inhabilita para educar el presente procedimiento».

Caso de que fuesen desechadas sus alegaciones y la exhumación se generase, «deberá procederse a la inmediata entrega del féretro» a su familia en la propia basílica para «que esta, anteriores las honras mortuorios y oficios religiosos pertinentes, proceda a darles cristiana sepultura en la cripta de la catedral de la Almudena de la villa de Madrid, donde disponen del pertinente derecho de inhumación».

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